Sicarios agresores de periodistas con 120 órdenes de aprehensión ESTATAL

 

DETRÁS DE LA NOTICIA

 

Alfredo Martínez de Aguilar



* El objetivo del periodismo, escrito, en video o fotográfico es “shockear” a la opinión pública para obligarle a levantar la voz y salir de su “zona de confort”, haga algo y acabe con los conflictos.
* ¿Quién desde el Gobierno estatal y federal protege a los porros-sicarios agresores de 12 periodistas en el Tribunal Agrario, dos de los cuales cuentan con 19 y 120 órdenes de aprehensión?



En toda guerra la primera víctima es la verdad, axioma que en Oaxaca podemos hacer extensivo a la misma nefasta consecuencia en los miles de conflictos prefabricados que enfrentamos a diario.

Hace más de cien años durante la Primera Guerra Mundial el senador estadounidense Hiram Johnson pronunciaba en 1917, la frase “La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”.

En la Segunda Guerra Mundial, 25 años después, Winston Churchill dijo “en tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería ser protegida por un guardaespaldas de las mentiras”.

Estas dos frases, verdaderas en su tiempo y en su contexto histórico, tal vez nunca como ahora son más verdaderas, debido a los grandes avances en las comunicaciones: Philip Pullella, Reuters 2016.

 

De ahí que los reporteros que buscan la verdad sean vitales, pero asimismo se han incrementado los peligros que afrontan. A menudo se convierten en objetivos no deseados por ambos bandos.

Hablamos principalmente de los medios impresos, pero no debemos olvidar la fotografía en el periodismo; la cámara cuenta una historia mejor que las palabras o, incluso, que un video.

El objetivo del periodismo, escrito, en video o fotográfico es “shockear” a la opinión pública para obligarle a levantar la voz y salir de su “zona de confort”, haga algo y acabe con los conflictos.

La meta última del periodismo que cobertura la violencia debería ser ayudarnos a combatir la llamada “fatiga de la simpatía” que puede nacer fácilmente con una abundancia de malas noticias.

Actitud cómoda que hace más fácil apagar la tele o la radio haciendo zapping, cambiar de página y seguir con nuestras vidas diarias y anular la realidad en la que sufren millones de oaxaqueños.

Sin fotorreporteros permaneceríamos en la ignorancia de lo que sucede verdaderamente, y, mucho más trascendente, ignorando que todos tenemos la obligación de buscar la verdad.

Resulta alarmante que dos de los porros-sicarios agresores de 12 periodistas el miércoles 19 de febrero en el Tribunal Unitario Agrario 21 cuenten con 19 y 120 órdenes de aprehensión.

¡Imagínense, queridos lectores! La pregunta obligada es quién les protege desde alguno de los Tres Poderes del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal y les garantiza total impunidad.

El acucioso colega Oscar Vergara, con el apoyo de sus seguidores en las redes, pudo identificar a dos de éstos, comenta nuestro compañero Horacio Corro en su columna de obligada lectura.

“Uno de ellos es “El Centavo”, quien tiene 19 órdenes de aprehensión, y sus vecinos lo señalan de narcomenudista, y vive en la colonia Arcángel, de Santa Cruz Xoxocotlán”. ¿Y qué dice la FGR?

“El otro, es escolta de Silvano Reyes Medina, líder de comuneros de Santa Cruz Xoxocotlán, acusado de homicidio. Este sujeto tiene más de 120 órdenes de aprehensión y goza de la protección de un exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.

Es de reconocer que, por primera vez, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado eviten que la brutal agresión a los compañeros fotoperiodistas quede impune.

Por tal motivo, es indispensable exigir respetuosamente a los titulares del Ministerio Público y del Poder Judicial, Rubén Vasconcelos y Eduardo Pinacho, que se mantengan vigilantes del caso.

Imperativo es que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado perfeccionen el proceso por el cobarde asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.

Pese a que la Fiscalía aportó pruebas de la probable responsabilidad de Jehú “G.L.”, primo de Hageo y Francisco Montero López, Secretario de Asuntos Indígenas, fue liberado por el Juez.

Es vital que la Fiscalía allegue al Juez de Control que dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra dos de los porros-sicarios los suficientes elementos de prueba para dictar auto de formal prisión tras el cierre de la investigación complementaria en dos meses.

Obligado es que la Fiscalía investigue quién de los representantes agrarios de San Francisco Tutla contrataron a los porros-sicarios para impedir la audiencia en el TUA por el litigio de 2 hectáreas.

Las parcelas ejidales y comunales en los municipios conurbados se han convertido en oro molido para los representantes agrarios con el tráfico de tierras que da pie a la trata de blancas y al narco.

Este lunes, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra L. R. L. y A. R. S., como probables responsables de los delitos de lesiones, ataque a la libertad de expresión (estos últimos con la agravante de pandilla) y robo con violencia, en agravio de un grupo de periodistas, cometido en la capital oaxaqueña, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando dos meses para el cierre de investigación complementaria.

De acuerdo con la causa penal 187/2020, el miércoles 19 de febrero, aproximadamente a las 11:30 horas, representantes de diversos medios de comunicación realizaban sus actividades periodísticas en el Tribunal Unitario Agrario, ubicado en la calle de Díaz Quintas, cuando fueron agredidos físicamente por un grupo de sujetos, entre los que se encontraban los dos imputados.

Ante estos actos, la Institución de procuración de justicia dio inicio a una exhaustiva investigación, a través de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, cuyo personal realizó las diligencias respectivas, brindando atención personalizada a los comunicadores.

Cabe señalar que al momento de los hechos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General tres adultos y un adolescente. Sin embargo, tras desahogar las diligencias correspondientes, uno de los adultos fue puesto en libertad, al comprobarse que no había participado en los hechos.

Respecto al adolescente, se inició la carpeta de investigación 6103/VIGE/UELE/2020 y es tramitada de conformidad con la legislación especializada que corresponde a las personas de esa edad.

En audiencia celebrada este 24 de febrero de 2020, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra los probables responsables, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando dos meses para el cierre de investigación complementaria.

 

 

 

 

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